Un escándalo de grandes proporciones ha sacudido al Congreso peruano tras el asesinato de Andrea Vidal Gómez, una abogada de 28 años que trabajaba en la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.
La
investigación ha revelado que Vidal era la mano derecha de Jorge Torres
Saravia, jefe de la Oficina Legal y Constitucional, quien presuntamente armó
una red de prostitución en el Congreso.
Según
las denuncias, Torres Saravia contrataba a prostitutas para ofrecerlas a altos
funcionarios, y Vidal era la encargada de reclutarlas. La Fiscalía
Especializada en Delitos de Trata de Personas ya ha abierto una investigación
preliminar contra Torres Saravia.
El
caso ha generado un gran revuelo en el país, y la opinión pública está
exigiendo justicia y transparencia. El Congreso peruano ya estaba en una
situación de desprestigio, con una aprobación del 6% según una encuesta del
Instituto de Estudios Peruanos. El asesinato de Andrea Vidal Gómez ha agregado
más leña al fuego, y es probable que el caso tenga graves consecuencias para la
institución.
Alejandro
Soto, presidente del Congreso y miembro del partido Alianza para el Progreso,
ha sido sindicado de haber recibido favores sexuales de una de las prostitutas
contratadas por Torres Saravia. Soto ha rechazado las acusaciones, pero la
investigación sigue en curso.
El
caso ha generado una gran indignación en la sociedad peruana, y es probable que
tenga graves consecuencias para la institución y los involucrados. La justicia
y la transparencia son fundamentales para restaurar la confianza en el Congreso
peruano.
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